Lograr el desarrollo rural sostenible del distrito de Lalaquiz mediante el fortalecimiento de la principal actividad productiva y el ejercicio de los derechos fundamentales de sus pobladores.
El proyecto contribuye al cumplimiento de derechos humanos vulnerados en 100 familias altoandinas de cinco caseríos del distrito de Lalaquiz, que viven en condiciones de extrema pobreza y al fortalecimiento de los sistemas de gestión públicos para el cumplimiento de los derechos fundamentales de los lalaquiceños.
Se viene mejorando la economía familiar a través del manejo ambientalmente sostenible de la principal actividad productiva de la zona y lograr el cumplimiento de los derechos fundamentales de por lo menos 100 familias de Lalaquiz.
Asimismo, se fortalece con un marcado enfoque de género y medioambiental, las capacidades de los pequeños productores/as agrupados en 4 asociaciones (APPAGROP) mediante la capacitación y asistencia técnica a 100 familias a través de la tecnificación con enfoque agroecológico de 50 ha. de café como área experimental, capacitaciones en comercialización, organización, planificación y gestión empresarial.
Además, se viene acondicionando y equipando 4 locales de acopio con el fin de controlar la calidad final del grano y obtener un mejor valor de venta a nivel de organización.
Además, se vienen implementando biohuertos para las familias como espacios productivos familiares saludables y se les forma con la finalidad de asegurar una alimentación digna. Todas estas actividades son coordinadas y ejecutadas en conjunto con la Municipalidad Distrital de Lalaquiz que brinda asesoría técnica y supervisa el trabajo de las organizaciones y verifica el mantenimiento de los biohuertos.
En paralelo, se está capacitando a varones y mujeres representantes de las organizaciones de base de todo el distrito, autoridades locales y población en general en equidad de género y contra la violencia machista.
También, se viene fortaleciendo las rondas campesinas de todo el distrito, organizaciones formadas como una respuesta a la carencia de protección estatal de los derechos de las personas de la zona rural, para que puedan desarrollar adecuadamente su función de cuidar la vida, la integridad y el patrimonio de los comuneros y comuneras frente a la existencia de posibles actos que vulneren sus derechos fundamentales.
Se les articula con los órganos locales reconocidos por el estado Jueces de Paz, quienes también son capacitados frente a su débil ejercicio de sus funciones, especialmente en la seguridad ciudadana y participación comunitaria.
