Desarrollo rural sostenible con fomento del respeto de los derechos fundamentales de la población del distrito de Lalaquiz en Piura
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Objetivo del proyecto

Lograr el desarrollo rural sostenible del distrito de Lalaquiz mediante el fortalecimiento de la principal actividad productiva y el ejercicio de los derechos fundamentales de sus pobladores.

Abr. 2022 - Abr. 2024

Duración

0
Beneficiarios
0
Presupuesto

Entidades socias

Sobre el proyecto

A través del proyecto se ha mejorado la economía familiar a través del manejo ambientalmente sostenible de la principal actividad productiva de la zona, cadena productiva de café, así como el fortalecimiento de los sistemas de gestión públicos para el cumplimiento de los derechos fundamentales de los laquiceños.

Con la finalidad de hacer frente a esta problemática y fortalecer esta cadena de valor, el proyecto realizó la tecnificación del cultivo de café en cinco zonas de Lalaquiz: San Lorenzo, San Juan de San Lorenzo, Tambo Chico, Ullma y Maray Grande.

Este trabajo incluyó el análisis de suelos, un plan de fertilización orgánica, y el tratamiento postcosecha, lo cual permite incrementar los rendimientos y la calidad de la producción, beneficiando a 102 familias productoras de café.

Con la finalidad de promover la disponibilidad y el acceso a una alimentación saludable y variada de las familias lalaquiceñas, se implementó 120 biohuertos en cinco caseríos del distrito de Lalaquiz, manejados con tecnología respetuosa del medio y que fomente a conservación de los recursos naturales.

En todas nuestras actividades, se hizo hincapié en la participación activa de las mujeres reconociendo su papel crucial en el desarrollo familiar y comunitario. Este proyecto no solo busca mejorar los ingresos, sino también fomenta la inclusión y la sostenibilidad.

Se han fortalecido a 25 bases de rondas campesinas y 4 jueces de paz de todo el distrito de Lalaquiz, organizaciones formadas como una respuesta a la carencia de protección estatal de los derechos de las personas de la zona rural, para que puedan desarrollar adecuadamente su función de cuidar la vida, la integridad y el patrimonio de los comuneros y comuneras frente a la existencia de posibles actos que vulneren sus derechos fundamentales.